Juez justifica el fallo que impide a la Policía detener a menores

Un juez determinó en un fallo que los policías que cumplan funciones en jurisdicción de La Plata no podrán detener a menores de edad sólo por contravenciones, averiguación de identidad, pedidos de captura o para ser "entregados" a sus familias.

Así lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, quien justificó hoy su decisión al señalar que "se trata de prevenir que en el futuro se produzcan situaciones peligrosas para los menores" de edad.

Si bien específicamente este fallo no tiene que ver con cuestiones penales, de hecho se da en el fuero Contencioso Administrativo, se produjo en momentos en que hay un debate en la sociedad por el rol de los jóvenes en episodios delictivos sangrientos, como el crimen del ingeniero Roberto Barrenechea en Acassuso o el joven gendarme Roberto Centeno, en "Fuerte Apache".

El magistrado resolvió en ese sentido al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado para que se declare "inconstitucional" la privación de la libertad de menores que no hayan cometido delitos.

En declaraciones radiales y televisivas, el juez aclaró hoy que esto no implica que la Policía no pueda detener a jóvenes que estén cometiendo un delito: "No es que la Policía no pueda actuar; lo que se establece aquí es que no se los debe detener a los menores, por ejemplo, para averiguar su identidad".

"La Policía cuenta con recursos tecnológicos para identificar a la persona y establecer su identidad desde un móvil, sin necesidad de llevarla a la comisaría", señaló el juez, y añadió que, por ejemplo, ante una pelea callejera, cuando lleguen los efectivos "pueden pedir documentos e identificar a las personas, pero no llevarlas a la comisaría para hacer sólo eso".

El pedido por el cual falló el juez había sido presentado por el titular de la Defensoría Oficial Nº 16 de La Plata, Julián Axat, quien planteó en el hábeas corpus que los niños, niñas y jóvenes de esta ciudad "padecen una amenaza actual, inminente y potencial a partir del cercenamiento de su libertad ambulatoria, realizado con motivo de ilegales, arbitrarias e inconstitucionales figuras policiales que se llevan a cabo sin el debido control judicial del fuero especializado".

El funcionario judicial sostuvo que estas "figuras policiales" son las "contravenciones", "detención por averiguación de identidad", aprehensiones registradas como "entrega de menor" y "pedidos de captura" o averiguaciones de paradero de menores no actualizadas, de acuerdo con lo señalado por el diario El Día de esta ciudad.

Axat denunció que pese a regir el nuevo fuero juvenil persiste un sistema "policial-discrecional subterráneo, sin control judicial alguno, que ejercita la policía, para privar de la libertad a menores de 18 años, bajo figuras o vías de hecho anacrónicas (contravención y averiguación de identidad), o sin justificativo, pero registradas bajo el lema 'entrega menor', vinculadas al espíritu del viejo sistema denominado Patronato de la Infancia y Proceso Inquisitivo".

El defensor oficial consideró que la privación de la libertad policial de menores de 18 años por aplicación de figuras contravencionales "constituye rémoras de actos policiales que provienen de la antigua potestad de policía del Estado, cuyo origen puede ser hallado en el control de la moralidad, la higiene, orden público y las buenas costumbres de la población".

Sostuvo, en tanto, que la detención de menores de edad por averiguación de identidad "encuentra su justificación en viejas políticas 'de mano dura' estatal que prefieren anticiparse al delito por medio de un severo control social de los sectores vulnerables, detectando la presencia de posibles sospechosos en determinados lugares".

En el caso de la figura denominada "entrega de menor", el funcionario remarcó que "constituye una vía de hecho administrativa, carente de todo sustento normativo".

Axat señaló que "todas esas prácticas deben quedar de lado y ser declaradas ilegales, pues ponen en riesgo continuo la libertad ambulatoria de los menores, a la vez que resultan incompatibles con el nuevo sistema de protección y promoción de derechos".

El juez Arias, en su fallo, sostuvo que "no resulta razonable que habiendo renunciado el Estado a la posibilidad de sancionar penalmente a un menor de 18 años por la comisión de determinados delitos, se promueva la aplicación de sanciones a los mismos por infracciones contravencionales".

Consideró además que la aprehensión de un menor para constatar su identidad y determinar si alguna autoridad lo requiere penalmente, teniéndolo demorado por varias horas, "constituye una privación de la libertad arbitraria, ilegal e inconstitucional". 

Fuente: http://www.ambitoweb.com

"El sistema previsional no puede estar sujeto a los intereses de las AFJP y a la timba financiera"

El ministro del Interior aseguró hoy que “es responsabilidad del Estado proteger a los jubilados argentinos”, y más ahora que “estamos viviendo una crisis internacional que afecta a los sistemas de capitalización por la baja de las bolsas”. Y remarcó que “la sociedad argentina nos va a acompañar, porque el rechazo al proyecto viene de parte de las partes interesadas” .
Al referirse a la críticas que cosechó el proyecto en algunos sectores de la oposición, Randazzo remarcó que este “Gobierno ahorró 20.000 millones de pesos respecto al tema previsonal y fue el primero en ser totalmente prudente en las cuentas públicas”.
“Las críticas esconden intereses, porque se está discutiendo quién va a manejar los 97.000 millones que acumularon las administradores y los millones que ingresan todos los meses”, sostuvo el ministro por Radio Mitre .
Randazzo señaló que este Gobierno es “coherente con una política de mejoramiento de la clase pasiva y recordó que “un millón y medio de jubilados se incorporaron al sistema y se sancionó la ley de movilidad social para que los jubilados tengan previsibilidad”, entre otras medidas.
El funcionario señaló que las críticas al proyecto “vienen de partes interesadas. Nosotros defendemos a los jubilados porque el sistema AFJP demostró que es insuficiente”.
En ese sentido, recordó que “hoy el Estado aporta 4.000 millones de dólares para garantizar las jubilaciones mínimas”.
“El conjunto de la sociedad argentina nos va a acompañar, el rechazo viene de parte de las partes interesadas”, puntualizó.
Fuente: Telam.

Obligan a supermercado a pagar por el robo de un auto en su estacionamiento

La Justicia de Lomas de Zamora falló en contra de una importante cadena, en el juicio que se siguió por la sustracción de un vehículo de sus instalaciones subterráneas
La Justicia ratificó una vez más que los estacionamientos de los supermercados son una forma de "facilitar la afluencia" de clientes y, como tal, generanresponsabilidad cuando un vehículo es robado o dañado.Con esos fundamentos, la Cámara en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora condenó a la cadena de supermercados Coto a indemnizar a un cliente cuyo automóvil fue robado del estacionamiento subterráneo de un local situado en la localidad bonaerense de Temperley, en abril de 2001."El propietario de un supermercado construye una playa de estacionamiento para facilitar la afluencia y el acceso del público, no tanto -ni sólo- en el interés de los potenciales usuarios, sino en resguardo del propio, consistente en la expectativa de mayores y más cómodas ventas", dijeron los jueces Norberto Basile, Carlos Igoldi y Rodolfo Tabernero."El estacionamiento contiguo al hipermercado integra los servicios que el supermercado ofrece para la mejor comercialización y venta de mercaderías, generando en el usuario la convicción de que su rodado queda bajo la guarda del establecimiento", añadieron.El lugar destinado a los vehículos "representa una comodidad para los clientes y, en general, para los visitantes del shopping e, indirectamente, beneficia a los titulares de los negocios, desde el momento que favorece la afluencia del público y el consumo", sintetizaron los jueces.

Fuente: www.infobae.com

La jubilación para las AFJP

El 75 por ciento del dinero de las jubilaciones privadas está invertido en títulos y acciones que vienen cayendo desde 2007 y se desplomaron con la crisis. El nuevo modelo sería similar al que está en vigencia en Brasil y España.
Ante la evidencia de cómo se evaporan con la crisis financiera los aportes que los trabajadores hicieron a las AFJP y previendo que en el futuro, cuando llegue el momento de jubilarse, las aseguradoras no van a poder pagar ni los haberes mínimos, el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley que de hecho terminaría con el sistema de jubilación privada en la Argentina. Si la idea prospera, según revelaron a PáginaI12 altas fuentes del Gobierno, todos los trabajadores pasarán al sistema de reparto y quienes quieran podrán seguir aportando a las AFJP fondos extra de modo voluntario, como para tener una jubilación complementaria a la del Estado, como ocurre en Brasil o en España.
“Queremos anticiparnos a algo que va a ocurrir inevitablemente y es que el Estado se va a tener que hacer cargo de todos las jubilados, no sólo de los que aportan al sistema de reparto, sino también de los que aportan a las AFJP”, señaló la fuente.
Según informes que estuvo evaluando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana en Olivos, las AFJP tienen el 75 por ciento del dinero de sus afiliados en bonos y acciones que vienen cayendo sin cesar desde 2007, pero que se derrumbaron en septiembre y en lo que va de octubre. Y cada vez es más el dinero que tiene que poner el Estado para que los que ya se jubilaron por las AFJP lleguen a cobrar el haber mínimo.
En la cima del Gobierno también evaluaron que se fueron desvirtuando los objetivos que se suponía que debían cumplir las AFJP cuando se creó el sistema en 1994, durante la gestión de Carlos Menem, entre otros, el de fomentar el mercado de capitales del país, Actualmente sólo el 1,5 por cuento de los fondos están en acciones de empresas argentinas.
Pero el dato más relevante que determinó que la Presidenta se pusiera en alerta antes que a alguno de los próximos gobiernos le estalle en las manos la crítica situa- ción de los afiliados a las AFJP, fue el siguiente: actualmente hay 446.000 jubilados que cobran (o deberían cobrar) sus haberes de las AFJP porque hicieron su aporte previsional enteramente a ellas. Sin embargo, al 77 por ciento de esos jubilados, el Estado les tiene que pagar algo. Y la lógica indica que cuantas más personas se jubilen en el sistema privado, más va a tener que desembolsar el Estado.
Los números son elocuentes: a 33.000 personas jubiladas por AFJP el Estado les tiene que pagar el 100 por ciento de su jubilación, porque su dinero en las AFJP se evaporó. A 220.000 personas les paga la mitad de la jubilación. A otras 100.000 les paga algo de la jubilación. Y sólo el 23 por ciento (103.000 jubilados) cobra enteramente sus haberes de las AFJP.
Como están las cosas y siguiendo la lógica elemental de que a medida que pase el tiempo más personas se irán jubilando –a la vez, obviamente, dejarán de aportar– y las AFJP tendrán que desembolsar más dinero. Esto supone que algún momento de la curva entre menos afiliados que aportan y más jubilados, si no se produjera una reactivación fenomenal de las finanzas (o si la hubiera pero luego estallara una nueva crisis), las aseguradoras no tendrán el dinero suficiente para hacer frente a los pagos de los haberes. Conclusión: Deberá hacerse cargo el Estado.
“Para tener una idea de lo que estamos hablando, pongamos un ejemplo: si usted aportó 100.000 pesos y su AFJP lo colocó en Boden 2012, ahora usted tiene 60.000 pesos. Y hay muchas inversiones en las cuales las pérdidas fueron mayores”, dijo la fuente con afán didáctico.
La situación hace que muchos afiliados a las AFJP están maldiciendo hoy su decisión de permanecer en el sistema, cuando a fines del año pasado se modificó la ley previsional y se abrió la opción de pasarse de la jubilación privada a la estatal. Es que como la ley –para darle garantías al sistema– dispuso que los traspasos se puedan hacer sólo cada cinco años, hasta 2012 nadie se puede cambiar. Y muchos se preguntan cuánto quedará de su dinero en 2012.
De hecho hay un dato concluyente que avala la percepción o, incluso, las encuestas que indican el temor de los trabajadores a permanecer en una AFJP. De las últimas 70.000 personas que ingresaron al mercado laboral, 63.000 (el 90 por ciento) optaron por el sistema de reparto y sólo 7000 (10 por ciento) eligieron las AFJP.
Actualmente aportan a las AFJP unos cinco millones de personas y al Estado unos 3,5 millones. Si la idea que ronda en la Casa Rosada se transforma en proyecto y éste en ley, esos 3,5 millones de aportantes pasarán al sistema de reparto.
“Vamos hacia un sistema más racional. Si se agota la cuenta de capitalización, no cobrás más o, mejor dicho, no vas a tener nada para cobrar. Y si el Estado es el que va a terminar pagando, entonces tiene que ser el que reciba los aportes. Es básico. El sistema implementado en 1994 es el de República Dominicana y Panamá. El que queremos adoptar ahora es el de Brasil y España”, dijo a PáginaI12 uno de los funcionarios involucrados en el tema que ayer estuvo reunido con la Presidenta para aportarle la información que ella le pidió.
En el Gobierno destacan que la atención al tema previsional fue siempre un eje central tanto del gobierno de Néstor Kirchner como de su sucesora, CFK. Y, como al pasar, uno de los funcionarios de esa área comenta una cifra que impacta. “Con la moratoria que lanzamos para que puedan jubilarse personas que no habían hecho todos los aportes, hoy 9 de cada 10 ancianos están cobrando jubilación. Si no lo hubiéramos hecho, sólo 5 de cada 10 la estarían cobrando”, detalló.
En el Gobierno, cuando PáginaI12 consultó sobre este proyecto de acabar con la jubilación privada, admitieron su existencia pero con una definición que ponía la noticia entre algodones. “Es cierto, estamos estudiando un paquete de medidas tendientes a cambiar el rol de las AFJP”, dijo la primera fuente consultada midiendo las palabras.
El rol que les quedaría a las AFJP sería el de recibir aportes complementarios y voluntarios para quienes quieran jugarse a tener un seguro de retiro complementario a la jubilación.
¿Y las AFJP aceptarán esto con calma? ¿Querrán algún resarcimiento del Estado?, quiso saber PáginaI12. Una de las fuentes consultadas respondió: “Este es un tema que está en estudio, quedan muchas cuestiones por analizar. Por ahora no podemos informar más que esto”.
Pero otra fuente señaló que las AFJP no tendrían derecho al pataleo. “Ellos son custodios fiduciarios. Sólo administran fondos de otros y para ello cobran una comisión. Además las inversiones están suficientemente amortizadas”, explicó.
Uno de los elementos centrales de este argumento es que las AFJP administran el dinero de sus afiliados y por ello cobran una comisión –bastante alta– que es su rentabilidad. Si invierten mal el dinero de los afiliados éstos son los únicos que pierden, porque la comisión se sigue cobrando sin variaciones. La única sanción posible por esa mala administración es que el afiliado cambie de AFJP o, dentro de cinco años, se pase al sistema de reparto.
Como informó ayer PáginaI12, en agosto de este año los cinco millones de afiliados depositaron en las AFJP 1021 millones de pesos. El fondo total acumulado en julio era 98.422. La lógica entonces indicaría que el acumulado de agosto debería ser de casi de 100 mil millones. Pero no. Fue de 97.920 millones. Es decir 500 millones de pesos menos, pese a los 1021 que se sumaron. La explicación es la caída del valor de las acciones y bonos en los que las AFJP invirtieron el dinero de sus afiliados.
Todos esos números y muchos otros están hoy en manos de la Presidenta y muy pronto pueden convertirse en los considerandos de un proyecto.

Por Daniel Miguez
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/

La justicia falla contra ART

La Justicia laboral condenó a una empresa a indemnizar a un empleado que sufrió una lesión auditiva por ruidos del ambiente donde se desempeñaba y dispuso un resarcimiento mayor al establecida por la Ley de Riesgos de Trabajo, a la que declaró parcialmente inconstitucional y calificó como "opuesta" a la justicia social porque "agravó la desigualdad entre las partes".
Los jueces Gregorio Corach y Héctor Scotti, de la Sala X de la Cámara del Trabajo, dispusieron la indemnización por 11.400 pesos más intereses a favor de Juan Miguel Bustamante por los daños que sufrió trabajando para la empresa Eternit Argentina, que fabrica "placas para exteriores, cubiertas para techo y tanques para agua".
Según el fallo, el obrero "padece una hipoacusia bilateral de origen traumático (trauma acústico) que lo incapacita en un 3,8 por ciento" de su capacidad laboral.
El fallo reconoció que Bustamante, cuyos daños se remontan a 2001, "realizaba sus tareas en lugares con alta sonoridad". En la investigación se recogieron testimonios de otros trabajadores que dijeron que en la planta "no había protectores auditivos".
"Después los pusieron pero era muy limitado, porque si uno iba al almacén y no había protectores había que seguir fabricando", dijo uno de esos testimonios.
Pero además, la Cámara subrayó, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, que "el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador".
"La norma citada (...) no ha tendido a la realización de la Justicia Social; antes bien, ha marchado en sentido opuesto, al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo", dijeron los jueces.
En ese sentido, explicaron que por uno de los rubros indemnizatorios -"daño material"- el trabajador merecía 9.500 pesos, pero según la ley de Riesgos de Trabajo le hubieran correspondido 2.222,34 pesos.
"Se ha configurado un menoscabo sustancial del derecho de la víctima a percibir un resarcimiento integral (...), de modo que se encuentran reunidas las condiciones para declarar la invalidez de la norma", resumieron.
El fallo se suma a otros que cuestionaron al sistema de accidentes de trabajo, cuya reforma promueve el Gobierno pero se estancó hace varios meses.
Uno de los puntos de mayor discrepancia entre los representantes sindicales y empresariales es la llamada "doble vía", por la cual el trabajador puede cobrar la indemnización de la ART y luego acudir a la Justicia para reclamar más dinero.
En ese sentido, los empresarios reclaman que se elimine esa doble posibilidad y una de las últimas alternativas conocidas fue la idea de que el trabajador pueda optar por uno de los dos caminos: si cobra por ART no puede acudir a Tribunales y viceversa.
Esa postura podría ser aceptada por la CGT, aunque los dirigentes gremiales ponen como condición que se aumenten sustancialmente los niveles de resarcimiento a establecerse en la nueva ley, entre otros aspectos.
Al respecto, una salida podría ser la fijación en la norma de una indemnización cercana a la que el trabajador podría cobrar al cabo de un juicio.

Fuente: www.pagina12.com.ar